Subinversión crónica en la investigación agrícola en América Latina y Caribe

LIMA - América Latina y el Caribe necesitan aumentar los recursos para a la investigación agrícola para superar una "subinversión crónica" en el desarrollo de nuevas tecnologías para competir en mercados internacionales, reducir la pobreza rural y proteger el medio ambiente, afirmó hoy el presidente del BID, Enrique V. Iglesias.

Iglesias formuló ese comentario al inaugurar una mesa redonda sobre la competitividad rural y la innovación tecnológica en la agricultura latinoamericana y caribeña que se celebró con motivo de la XLV reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo.

Participaron en el evento ministros de agricultura y representantes del sector privado, instituciones internacionales y el mundo académico, incluyendo expertos del Grupo Consultivo para Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO).

Según Iglesias, más de 30 por ciento de la población de la región trabaja en el sector primario, mientras que la producción de alimentos representa más de 30 por ciento del producto bruto regional. En algunos países, más de 40 por ciento de las exportaciones son de origen agropecuario. Sin embargo, señaló, se da la contradicción de que apenas 0,5 por ciento del valor de la producción agrícola se destina a la investigación.

América Latina y el Caribe tienen las instituciones necesarias para contrarrestar este déficit de inversión en ciencia y técnica, agregó el presidente del BID. Ahora se necesita coordinar más estrechamente las iniciativas de los centros de investigación, las fundaciones, las universidades y las empresas del sector privado para evitar la duplicación de esfuerzos.

Iglesias apuntó al FONTAGRO como una iniciativa particularmente prometedora. Desde su lanzamiento en 1998, este fondo con sede en el BID ha otorgado 7 millones de dólares para financiar 35 proyectos de investigación y ha reunido 23 millones de dólares en fondos de contrapartida para esos fines. Se han realizado trabajos sobre el aumento de la eficiencia, desarrollo ambiental y social, competitividad, diseño y gestión de políticas agrarias y fortalecimiento institucional. Doce países de la región son miembros de FONTAGRO.

El presidente del BID también describió una nueva iniciativa en la cual el BID financiará con el Banco Mundial programas de investigación y gestión de recursos, en los cuales colaborarán el CGIAR y centros nacionales.

Apoyos para FONTAGRO

Por su parte, el director ejecutivo del CGIAR, Ian Johnson, destacó el enorme impacto que ha tenido la tecnología en incrementar la producción agrícola. Sin embargo enfatizó que el sector agrícola no debe ser visto únicamente como un motor para el crecimiento económico sino como una fuente de empleo e ingresos para productores de escasos recursos y un factor fundamental para la protección ambiental.

Johnson llamó a reducir las barreras comerciales a los productos agrícolas, señalando que castigan a los países en vías de desarrollo y reducen las oportunidades disponibles a los pequeños agricultores para innovar.

En el cierre del seminario, el gerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, Carlos M. Jarque, propuso la formación de redes de investigación y alianzas entre el sector privado, las universidades y las instituciones nacionales e internacionales.

En referencia al FONTAGRO, Jarque señaló: "Estamos absolutamente convencidos de que una gran innovación en este campo es contar con un fondo regional de financiamiento al desarrollo tecnológico que responda a la diversidad de temas de interés regional." Instó a aumentar el capital del fondo, que cuenta con 33 millones de dólares, y propuso crear una estrecha relación de trabajo entre los centros del CGIAR y el sector privado.

La mesa redonda se organizó para destacar los dramáticos cambios que han ocurrido en el sector rural de la región en décadas recientes. Los expositores enumeraron los desafíos que presentan la liberalización del comercio, los subsidios, los regímenes de propiedad intelectual, la privatización de servicios de extensión rural, los cambios en los sistemas nacionales de investigación y el aumento de la competencia.