Diciembre 2, 03 - La inacción de los gobiernos a la hora de controlar la creciente tendencia hacia el comercio y la utilización de material de seguridad contribuye a que aumenten la tortura y los malos tratos, según ha revelado Amnistía Internacional en su nuevo informe, Mercaderes de dolor: El material de seguridad y su uso en tortura y otros malos tratos.

Esta reciente investigación de la organización de derechos humanos pone de manifiesto cómo una amplia diversidad de cuerpos de policía y sistemas penitenciarios están utilizando indebidamente viejas tecnologías y están siendo alentados a utilizar otras nuevas a pesar de la ausencia de una comprobación rigurosa para determinar si esos nuevos sistemas cumplen las normas internacionales de derechos humanos:

· en una feria de material policial en China se han ofrecido porras de acero con púas;

· en Suiza, en marzo de este año, un proyectil de metal y plástico disparado por un policía causó una lesión permanente a una mujer, al dejar en su rostro fragmentos que no se pueden extraer por temor a provocar una parálisis. Este incidente ocurrió antes de que se hubiera intentado utilizar algún otro medio de control;

· durante 2002 se exportaron de Estados Unidos a Arabia Saudí más de nueve toneladas de grilletes con pernos, un dispositivo prohibido por las reglas de la ONU para el tratamiento de los reclusos;

· desde que se imprimió el informe, Amnistía Internacional ha descubierto que el gobierno de Sudáfrica publicó el 31 de octubre de 2003 el anuncio de un concurso para suministrar al Departamento de Servicios Penitenciarios grilletes con pernos y esposas unidas a la cintura por cadenas, así como escudos antidisturbios electrónicos;

· el gobierno británico ha autorizado que se prueben en las calles de Gran Bretaña pistolas Taser, unos dispositivos que producen una descarga eléctrica de 50.000 voltios mediante dos dardos disparados a distancia, y que también pueden utilizarse de cerca como pistolas paralizantes. En opinión de Amnistía Internacional, el gobierno aún debe publicar las pruebas médicas completas realizadas para determinar los efectos de estos dispositivos;

· los agentes químicos incapacitantes y sedantes como el que mató a más de 120 rehenes cuando las fuerzas de seguridad rusas pusieron fin al secuestro de un teatro de Moscú el año pasado deben prohibirse, a menos que pueda demostrarse que se protegerá a la gente de cualquier efecto indiscriminado o arbitrario.

"Sólo porque un material de seguridad pueda describirse como 'menos que letal' no significa que ese material no pueda utilizarse para cometer abusos, o para causar lesiones o matar", ha manifestado Brian Wood, experto de Amnistía Internacional sobre material de seguridad. "Nos preocupa enormemente el hecho de que en muchos países se está autorizando el uso de dispositivos contra la población sin que se hayan investigado de manera suficiente sus efectos sobre los derechos humanos."

Estados Unidos, uno de los principales fabricantes de material de electrochoque, es uno de los pocos gobiernos que exigen licencias de exportación para transferir armas de electrochoque. Sin embargo, durante 2002 el Departamento de Comercio estadounidense autorizó la exportación de material que entraba en una categoría que incluye los dispositivos de electrochoque a 12 países en los que su propio Departamento de Estado ha informado sobre el uso persistente de la tortura.

Mercaderes de dolor:

El material de seguridad y su uso en tortura y otros malos tratos también revela que el número de empresas que fabrican armas de electrochoque va en aumento, a pesar de los constantes informes sobre torturas infligidas con este tipo de armas en 87 países de todo el mundo desde 1990.

En el periodo transcurrido entre 1999 y 2003 había, según Amnistía Internacional, al menos 59 fabricantes de armas de electrochoque en 12 países: Taiwán, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Israel, Rusia, Brasil, la República Checa, México, Polonia y Sudáfrica. Entre los años 1990 y 1997 esta cifra ascendía a tan sólo 20.

Hay pocos gobiernos que controlen adecuadamente la fabricación, la venta o la exportación de material policial o de seguridad, y, en los pocos que parecen intentar ejercer ese control, el sistema no parece funcionar.

La Comisión Europea ha redactado una normativa sobre el comercio que, si se pone en práctica, prohibirá que los Estados miembros exporten material cuyo principal propósito práctico sea la tortura (como los grillos con pernos o los cinturones paralizantes) y controlará estrictamente la exportación de equipo del que la Comisión considere que tiene un uso policial legítimo pero que puede utilizarse para torturar (como las armas paralizantes de electrochoque o el gas lacrimógeno).

Amnistía Internacional acoge con satisfacción este paso para lograr un control, pero cree que el borrador de normativa sobre el comercio debe reforzarse. Varios de los artículos citados en él como material con un uso policial "legítimo" son artículos que Amnistía Internacional ha descubierto que se utilizan para torturar o infligir malos tratos, y cuyos efectos sobre los derechos humanos no se han investigado suficientemente; entre ellos se encuentran las pistolas paralizantes, las pistolas Taser y los pulverizadores de pimienta. Amnistía Internacional pide que se suspendan estos artículos hasta que se lleve a cabo una investigación rigurosa e independiente.

Amnistía Internacional pide:

1. que se prohíban la utilización, la fabricación y la transferencia de material cuyo uso y propósito principal sean la tortura y los malos tratos, como los cinturones paralizantes de electrochoque, los grillos con pernos, las esposas dentadas para pulgares y las porras con púas;

2. que se suspendan la utilización, la fabricación y la transferencia de material cuyo uso inicial sea la seguridad pero del que las pruebas hayan demostrado que puede prestarse a la tortura y los malos tratos, y que se mantenga esa suspensión hasta que se lleve a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los efectos de este material, que incluye las pistolas paralizantes de electrochoque, las pistolas Taser y los pulverizadores de pimienta;

3. que se prohíban la exportación y la utilización de todo material que pueda prestarse a la tortura y a otros abusos contra los derechos humanos, a menos que quien lo reciba haya establecido normas estrictas, conformes con las normas internacionales de derechos humanos, sobre el uso de dicho material, que incluye el gas lacrimógeno, las porras y las esposas.

INFORMACIÓN GENERAL

Amnistía Internacional denunció el año pasado el uso de la tortura por parte de la policía o las fuerzas de seguridad en 106 países.

Actualmente hay al menos 856 empresas en 47 países que se dedican a la fabricación o comercialización de armas descritas como alternativas "menos que letales" a las armas de fuego, y muchas de las cuales pueden prestarse fácilmente a la tortura.