Este instrumento jurídico global entrará en vigor cuando al menos treinta Estados la hayan ratificado, para lo cual permanecerá abierto el período de firmas hasta el 9 de diciembre de 2005.

En una carta remitida a PROBIDAD el 28 de noviembre, el secretario de estado en el despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, Leonidas Bautista, notificó que su país estaba en el proceso de consultas ante "las instituciones gubernamentales competentes, con el fin de proceder a la suscripción del instrumento internacional". Se espera que esas consultas concluyan pronto para que Honduras se sume a la Convención.

Mediante la Convención, los Estados se obligan a dictar políticas anticorrupción y se eleva la exigibilidad de medidas preventivas, como los sistemas de mérito en el empleo público, códigos de conducta, presupuestos y contrataciones transparentes, entre otras.  Asimismo propicia regulaciones más estrictas para el sector privado, en lo referente a procedimientos de contabilidad y auditoría, códigos de conducta y transacciones con instituciones de gobierno.

La Convención ofrece mejores garantías para la participación de los grupos cívicos en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo la libertad de participar en la adopción de decisiones gubernamentales y la libertad de buscar, recibir y difundir información relativa a la corrupción.

Por otro lado, amplía las posibilidades para el combate de la corrupción transnacional a través de regulaciones para la prevención del lavado de dinero, inteligencia financiera, extradicciones, asistencia judicial recíproca, recuperaciones de activos, entre otras. Además, introduce medidas de reparación con respecto a los daños que provocan los actos de corrupción, como por ejemplo la revocatoria de concesiones otorgadas irregularmente o el pago de indemnizaciones para las víctimas.

Previo a la firma de la Convención, PROBIDAD remitió una carta a cada uno de los mandatarios de América Latina, en la que los incitaba a suscribir dicho instrumento jurídico y a procurar su pronta ratificación. Sin embargo, en esa oportunidad se señaló que "un instrumento jurídico carece de efectividad si no cuenta con la voluntad política de los gobiernos para darle cumplimiento y con vigilancia del público para velar por su aplicación". Por ello se recomendó:

a) ejecutar un plan de adopción e implementación de la Convención para el año 2004, del que participen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como otros órganos relacionados con la prevención y el combate a la corrupción;

b) facilitar la instalación de un mecanismo de vigilancia social sobre el cumplimiento de la Convención, del que participen grupos cívicos, medios de comunicación y gremiales empresariales, entre otros sectores no gubernamentales; y

c) procurar el reforzamiento del actual mecanismo de seguimiento de la Organización de Estados Americanos sobre los compromisos anticorrupción los Estados parte, incluyendo como componente de su agenda la verificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y requiriendo ejercicios de vigilancia social.

Referencias

El texto de la Convención de las Naciones contra la Corrupción se encuentra en:

http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_7/422s.pdf

Referencias, reportajes y otra información relacionada a la Convención se encuentran en:

http://probidad.org/regional/legislacion/2002/002.html